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30-05-2012
LA CIUDAD
Monteseirín y Mir irán a juicio por los sobresueldos de Lipasam
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El Tribunal Nacional de Cuentas ha revocado el archivo del caso de los sobresueldos que instauró en Lipasam el exalcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, y el exconsejero delegado, Alfonso Mir —que se benefició personalmente de la medida— fuera del convenio colectivo de la empresa.
El Tribunal Nacional de Cuentas ha revocado el archivo del caso de los sobresueldos que instauró en Lipasam el exalcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, y el exconsejero delegado, Alfonso Mir —que se benefició personalmente de la medida— fuera del convenio colectivo de la empresa. La Cámara de Cuentas de Andalucía detectó esta anomalía, que después fue corregida, y finalmente la letrada jefe de este organismo dependiente de la Junta, Margarita Regli, comunicó a la empresa que no tenían responsabilidad contable en el pago de estos pluses e incentivos a nada menos que 145 directivos, lo que costaba anualmente a la empresa 1,3 millones de euros.

Sin embargo, con el cambio de Gobierno en el Ayuntamiento de Sevilla, el nuevo gerente de la empresa de limpiezas, Francisco José Juan, recurrió el auto de archivo y el pasado nueve de mayo el Tribunal de Cuentas emitió un nuevo auto, éste ya firme, revocando el anterior y reabriendo el caso. Es decir, las pruebas aportadas por la dirección de Lipasam tras la salida del PSOE del poder han provocado que finalmente se dé curso a un procedimiento judicial para depurar responsabilidades contables en el pago de estos sobresueldos. No en vano, el Tribunal de Cuentas asegura que hay «posibles pagos indebidos efectuados por una mercantil pública», por lo que es procedente incoar «el oportuno proceso jurisdiccional» para que todas las partes «puedan argumentar e intentar probar sus pretensiones jurídicas», ya que el archivo sólo podría dictarse en el caso de que no existiera irregularidad de manera patente. Y aquí no se da el caso.

El Tribunal de Cuentas aprecia una posibilidad de que estos pagos fueran indebidos, por lo que ha reabierto el caso y enviado el procedimiento a un juzgado, por lo que tanto Monteseirín como Alfonso Mir podrían tener que responder con su propio patrimonio si Lipasam demuestra que los sobresueldos que aprobaron y pagaron no eran legales, como ya avanzó la Cámara de Cuentas antes de que su informe fuera modificado. Lo que sí está claro ya es que irán a juicio y que Mir tendrá que explicar cómo pudo cobrar unos 92.000 euros anuales de sueldo entre 2003 y 2007 con un convenio colectivo que recogía cantidades mucho menores. En el momento del archivo de la causa, el exgerente de la empresa pública aseguró a ABC que «no he cobrado nunca el Incentivo Voluntario Variable. He cobrado mi sueldo en forma de Plus Complementario por una cuestión de formato de la nómina y he cobrado estrictamente lo que tenía pactado en el contrato».

El informe de la Cámara de Cuentas en el que se detectaron estas posibles anomalías se hizo bajo la supervisión del consejero de IU Rafael Rodríguez, actualmente consejero de Turismo en el Gobierno de Griñán. Su escrito decía: «Hay un plus complementario retributivo, denominado Plus Complementario, que sólo perciben los puestos de libre designación y los puestos catalogados como mandos. Este plus no está recogido en el convenio ni se ha facilitado algún documento interno donde se indique su aprobación por el órgano competente. Según la dirección de la empresa, la finalidad de este plus es, de un lado, amortiguar la diferencia económica que se puede suscitar entre lo establecido en el contrato y lo dispuesto en el convenio colectivo y, de otro, equiparar puestos de igual categoría. Es de destacar que para determinados trabajadores este plus represente hasta el 49% del total de las retribuciones percibidas». Pero cuando el caso llegó al Tribunal de Cuentas, la letrada jefe aseguró que el «Plus Complementario no contraviene ninguna disposición legal, fue aprobado en 1986 por el Consejo de Administración de Lipasam y no produce daño alguno, ya que la prestación laboral se ha efectuado». Pero el citado Tribunal, en su auto definitivo, y gracias a las apelaciones efectuadas por el nuevo gerente, no lo ve tan claro y ha decidido que sea un juez el que determine si se gestionó ilícitamente la empresa causándole un perjuicio.


Fuente: ABC de Sevilla

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